Esto significa que el país requirente no puede juzgar a la persona por otros delitos que no estén contemplados en la solicitud de extradición first.
Nuestros abogados especialistas en extradiciones pueden asesorarle y asistirle durante todo el procedimiento de extradición en la fase administrativa y ante la Audiencia Nacional.
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El Tribunal resuelve por vehicle a los tres días siguientes a la vista, tanto sobre la procedencia de la extradición, como sobre si procede la entrega al Estado requirente de los objetos ocupados al reclamado.
En el supuesto de que no se den ninguno de los dos supuestos anteriores, la extradición dependerá de la aplicación del principio de reciprocidad y colaboración que establezcan los Estados implicados.
En JIMENEZ Y LOZANO ABOGADOS contamos con un equipo de abogados especializados en casos de extradición. Nuestros profesionales tienen amplia experiencia en este campo y poseen conocimientos profundos sobre los procesos jurídicos y las regulaciones aplicables en casos de extradición.
El principio de exclusión establece que la extradición no se concede para el enjuiciamiento de delitos de vehicleácter político o militar. Esto significa que si el delito por el cual se solicita la extradición es considerado político o militar, la solicitud puede ser denegada.
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Normalmente con la extradición en España se solicita que entreguen a una persona que presuntamente ha cometido un delito, por parte del estado en el que se encuentra, a otro Estado que lo está reclamando para la celebración de un juicio o bien el cumplimiento de una condena o medida de seguridad interpuesta.
Destacamos por nuestra amplia comprensión de los procesos internacionales de extradición y el conocimiento preciso de los tratados y convenios websites aplicables. Nos aseguramos de que cada caso sea analizado minuciosamente, evaluando tanto la legislación penal española como la del país solicitante.
: Consistente en que no se entregará a una persona que haya sido juzgada, o va a serlo, en España por los mismos hechos que se reflejan en la solicitud de extradición.
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En estos casos, España prefiere que los delitos sean investigados y juzgados internamente para asegurar el debido proceso y la correcta aplicación de la ley.
Si la resolución de la Audiencia Nacional es que no procede la extradición, el detenido queda en libertad y se da por finalizada la causa, comunicándolo al Ministerio de Justicia para que este lo notifique al de Exteriores y este al Estado que requería a la persona afectada por el proceso.